Un relato para la esperanza en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

 Todo empezó hace dos semanas. No sabría deciros exactamente si un martes o un miércoles; la memoria es frágil, como tantas otras cosas.  María, mamá de Daniela, se plantó en la Comisaría Provincial de Málaga en busca de ayuda. Estaba desesperada.

Seis meses antes su hija (19 años) había conocido a un chico, Jesús, algo mayor que ella. Al principio todo parecía normal, una relación incipiente entre dos jóvenes con ilusión por compartir. Al principio solamente. Pronto la cosa iba a cambiar: a Daniela se le empezó a borrar la sonrisa de la cara. Se mostraba irascible con habitualidad. Contaba María que tenía que medir las palabras para no provocar su enfado. La relación madre-hija se fue deteriorando.

Aproximadamente a mediados de octubre la mujer encontró una explicación a los cambios: su hija estaba siendo maltratada. Lo supo porque un día se ausentó sin previo aviso, algo poco común en Daniela. Desde su preocupación de madre, tras pasar la joven la noche fuera de casa, decidió llamar a una amiga para preguntarle por su paradero. Ella, lejos de esconderle la verdad, le narró con pelos y señales la situación: Daniela se había convertido en víctima de violencia de género. María, que en parte se lo esperaba, le preguntó por cómo lo sabía, a lo que la chica le contó que Daniela se lo había dicho. A veces, coincidiendo con las explosiones violentas, abría momentáneamente los ojos y la llamaba entre sollozos. Jesús le controlaba el teléfono, la insultaba, se mostraba celoso hasta extremos insospechados. Refirió, además, que hacía unos días, estando en casa de otra amiga en común, el joven la agredió en la vía pública, teniendo los vecinos que llamar a la Policía.

María estaba desconcertada. Sentía pavor por lo que le acababa de revelar Josefa, íntima de Daniela. Decidió abordarla de frente. Total, entre ellas no había secretos. ¿El resultado? Nada satisfactorio, para que os voy a engañar. Daniela admitió los hechos parcialmente. Jesús "perdía a veces los papeles", pero lo hacía siempre por amor. María tenía que entender que se trataba de un joven impulsivo, incluso apasionado a ratos. Ella, lejos de comprender y achantarse, le pidió a su hija que recapacitara, que dejara la relación y volviera a casa, a su lado. A esas alturas Daniela ya pasaba muchas noches con su novio y tenía pensado irse a vivir con él. 

La reacción de Daniela fue enfadarse, primero, y huir, seguidamente. La joven se dio cuenta de que su madre no era capaz de comprenderlo, tal y como le había dicho Jesús. "Lo suyo solo lo entendían ellos; era algo especial". Y ella lo quería con locura. Así las cosas, le dijo a su madre que la dejara tranquila, para a continuación marcharse con él y reducir los contactos al mínimo.

Recuerdo que la entrevista inicial con María fue muy dolorosa: entre lágrimas, la mujer intentaba explicarnos la situación, mezclando los detalles y confundiendo frases. Tras una labor enorme de dos compañeras especializadas de mi Grupo, conseguimos calmarla y elaborar un acta de denuncia bastante completa. Una madre nunca abandona a su hija.

A partir de la declaración de María, comenzaron diez días de intenso trabajo: conseguimos rescatar el parte de la intervención policial derivado del episodio violento ocurrido en la calle y localizamos a varios testigos, tanto del entorno de Daniela como miembros del vecindario donde tuvo lugar la presunta agresión, allá por el mes de octubre. La declaración más valiosa se llevó a cabo bajo la protección de la figura del testigo protegido. Un ser querido de nuestra protagonista dio un paso al frente para auxiliarla: narró la situación de forma precisa, aportó archivos de audio y manifestó haber presenciado, en vivo y en directo, parte del suceso violento antes descrito. No en balde tuvo lugar junto a la puerta de su bloque de pisos.

Con toda la información a nuestro alcance decidimos ir a por Jesús. Teníamos indicios suficientes de la existencia de delito y de su implicación en él, así que se le detuvo a finales de la semana pasada. Sin embargo todavía quedaba la parte más complicada: Daniela. La misma agente que trató con su madre María, acompañada por otro especialista, estuvieron con ella más de dos horas. Había que poner toda la carne en el asador; anhelábamos protegerla y acompañarla. Finalmente consiguieron que se "derrumbara": narró la agresión de octubre, sin esconderse.

A la mañana siguiente la fiscal de guardia, amiga a estas alturas del partido, me escribió sobre el asunto. Dijo que le preocupaba sobremanera. Hablamos brevemente de los aspectos de mayor interés y quedamos en que me mantendría al tanto de todo. Al ratito recibí otro whatsapp, en el que me contaba que Daniela se había ratificado en su declaración y que iba a intentar que Jesús se conformara. Tocaba oír al investigado. Quedé a la espera, ávido de buenas noticias.

El mensaje llegó exactamente a las 13:12 del viernes. "Se conformó"; a lo que se acompañaban varios emoticonos de celebración. Jesús fue condenado a 2 años de alejamiento y seis meses de prisión, sustituida esta por el curso en igualdad y fomento del respeto en las relaciones de pareja. Le vendrá de maravilla lo último, todo sea dicho. Habíamos ganado. María, mamá de Daniela, y ese ser querido que también saldría en su defensa, nos dieron una lección de valentía. Ellas volvieron a demostrar que el apoyo externo es fundamental para combatir esta lacra. Desde aquí, os doy las gracias, en nombre propio y de mi Grupo.

P.D.: todos los nombres que he empleado en este breve relato son ficticios por razones obvias.

Quebrantamiento de condena o medida cautelar en el ámbito de la violencia de género

El quebrantamiento alude a la vulneración de una medida impuesta judicialmente, cuyo objetivo es, en el supuesto que nos ocupa, proteger a la víctima cuando existe un riesgo objetivo para su seguridad. La naturaleza de la medida puede ser cautelar - recogida en auto, con vigencia, siempre que no cambien las circunstancias, mientras se sustancia el procedimiento penal - o firme, es decir, dictada ex sentencia condenatoria y en el formato de pena accesoria. En violencia de género, este castigo suele aparecer como complementario a una pena de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo. Ya sea de una manera u otra, el (presunto) agresor se verá obligado a alejarse de la víctima, así como, si así se contempla en el auto o sentencia, de su domicilio, lugar de trabajo y/o sitios que frecuente; además de, por regla general, imponérsele la prohibición de comunicarse con ella, por cualquier medio.

El alejamiento, salvo excepciones, suele establecerse en 500 metros, distancia propuesta por las Fuerzas policiales como mínima para asegurar la llegada de los actuantes al lugar de la comisión del delito, si se notifica un quebrantamiento. De esta forma, a efectos operativos, se establecerán dos zonas de exclusión: una fija, en relación al domicilio habitual de la víctima y su lugar de trabajo (como sitios más habituales a incluir en el auto/sentencia judicial); y otra móvil, cuando va referida a la víctima, o sea, que se encuentren en la vía pública, por ejemplo, y el investigado/condenado, en lugar de pasar de largo, se dirija a ella verbalmente o le haga algún gesto, del tipo que sea.

La incomunicación, por su parte, hace referencia a todo medio telemático, postal o de la naturaleza que fuere, que permita hacer llegar un determinado mensaje a la persona protegida. También contempla la jurisprudencia, a través de reiterados y consistentes pronunciamientos judiciales, que el quebrantamiento puede tomar forma por mediación de terceras personas a quienes el investigado/condenado solicita trasladen una comunicación a la víctima.

Resulta de gran interés mencionar, por su imperiosa actualidad, el contenido de la STS 650/2019, de 20 de diciembre, sobre la relevancia penal de llamadas que no son atendidas por la víctima, ya sea voluntaria o involuntariamente, siempre que podamos acreditar, a través de gestiones de consulta directas, la titularidad del número de abonado desde el que se efectúan las comunicaciones. En esta línea tendríamos, como prueba documental que acompañaría al testimonio de la declarante, el registro de llamadas de su teléfono. El número llamante podrá ser comprobado, en los primeros compases de la investigación, mediante bases de datos policiales, en las que la numeración en cuestión pudiera aparecer asociada a una persona determinada, que en algún momento pasado interpusiera una denuncia y lo aportara como medio de contacto, por ejemplo. Si estas gestiones inmediatas de búsqueda no dan resultado, y no se consigue determinar la identidad del llamante, procedería el cierre de las diligencias haciendo constar las sospechas de la denunciante y la remisión a la Autoridad Judicial, dando cuenta al Grupo de Investigación de la U.F.A.M. correspondiente  (en el caso de la Policía Nacional) para que inicie una investigación más detallada al respecto.

Por último, quisiera hacer una breve alusión al apartado 3 del artículo 468 del Código Penal, en el que se recogen varias conductas relacionadas con incumplimientos derivados del correcto mantenimiento de los dispositivos electrónicos (o pulseras, usados para controlar las medidas impuestas): destaca, sobre todo, la manipulación intencionada o la descarga completa del equipo. Esta última conducta es de omisión pura y supone, en todo caso, la comisión del delito de quebrantamiento. Cuando esto ocurre el Centro Cometa, encargado de la gestión y el seguimiento de los dispositivos, avisa a los agresores de que la batería está a punto de agotarse para que la pongan a cargar. Si no lo hacen, a pesar de notificársele esta circunstancia, el dolo quedaría más que probado. De hecho, estos supuestos van a requerir una actuación urgente, empezando por la comisión de un indicativo al último lugar donde posicionó el autor y una rápida localización de la víctima, al objeto de dotarla de protección policial hasta que aquel sea localizado y detenido.

La violencia de género durante el confinamiento

Hace unos días tocó hacer balance de las cifras al respecto de la violencia cometida sobre la mujer pareja durante el confinamiento. Fue durante el telediario de mediodía del canal local 101TV Málaga. Para ello hice acopio de los datos oficiales, comprendidos entre el 15 de marzo y el pasado 6 de mayo (día en que tuvo lugar la entrevista), relativos a las actuaciones de Policía Nacional por violencia de género en la capital de la Costa del Sol. El total ascendía a 115. 

Para hacerme una idea de las implicaciones que este escenario inédito ha supuesto, y poder interpretar la incidencia de casos, comparé el dato con el obtenido durante el mismo periodo temporal del año anterior. En 2019, 167. Un descenso porcentual del 32%. 

¿Esto qué significa? ¿Hay menos violencia de género bajo el vigente estado de alarma? ¿De qué manera podemos explicar esta sustancial bajada? Lo único que podemos concluir sin margen de error es que las estadísticas representan el número de hechos conocidos en un ámbito delictivo concreto, pero, por desgracia, no recogen la criminalidad real registrada en toda su extensión. Existe lo que conocemos como cifra negra, es decir, conductas delictivas que no se denuncian ni son detectadas por las Instituciones. Esto, por si fuera poco, se ve amplificado en el ámbito de la violencia de género, donde multitud de factores (miedo al agresor, dependencia emocional y económica, vergüenza o temor a no ser creída, etc.) determinan que las víctimas opten por callar y sufrir en silencio, en el peor de los casos, o que se acojan a otras vías de salida distintas a la denuncia, en el mejor, siempre que las termine por convertir en supervivientes.

Resulta que todo lo que sabemos, teórico y práctico, aplica a un escenario de normalidad, en el que convivimos en sociedad sin más limitaciones que el respeto por la libertad de los demás. La crisis sanitaria motivada por la irrupción del COVID-19 cambia por completo las reglas del juego: estamos ante una situación inédita. Esto implica que explicar el decrecimiento en lo relativo a hechos conocidos se base en hipótesis que, bajo las actuales circunstancias, no puedan por el momento ser verificadas. Sin embargo, sí podemos afirmar que las múltiples aristas de esta lacra social determinan que no pueda existir una única explicación que abarque toda su complejidad, sino que es necesario una combinación de varias teorías. Veamos algunas brevemente.

 

Se ha hablado, en primer lugar, de reacciones adaptativas por parte de la mujer víctima. El instinto de supervivencia las lleva, ante la situación de confinamiento, a amoldarse a los cambios, con el solo objetivo de “no despertar a la bestia”. El hecho de que los hijos pasen un mayor tiempo en casa y la masiva pérdida de empleos suponen una modificación nada desdeñable del contrato familiar: las tareas en el hogar y el cuidado de los menores, por ejemplo, han de acometerse de forma distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y al maltratador no le gusta asumir responsabilidades familiares, os lo aseguro. Ante este nuevo enfoque, ellas aguantarán carros y carretas con tal de no enfadarlos. Primera teoría explicativa del descenso.

En segundo lugar, tendríamos las mayores facilidades con que se encuentra el agresor para controlar a la víctima: antes del COVID-19 ellas iban a sus lugares de trabajo, salían a tomar café con amigas (siempre y cuando lo tuvieran permitido). Desarrollaban, en definitiva, una vida social más intensa. La situación actual supone que ellos las tengan a mano, bajo control. Recordemos que la motivación principal de esta conducta delictiva, por lo general, prolongada en el tiempo, es la dominación y el sometimiento. En su casa el agresor lleva los pantalones, nunca mejor dicho. Todo esto podría suponer un menor número de explosiones violentas. Segunda teoría.

Aunque pueda parecer que, con las anteriores explicaciones, el maltrato se ha visto mermado; la realidad no es, lamentablemente, tan halagüeña. Ellas siguen sumidas en el clima de terror instaurado en sus propios hogares; en su día a día de insultos y humillaciones. Lo que se ha podido ver reducido es el número de episodios violentos graves, tras los cuales las víctimas tendrían instantes de claridad y duda que, bajo las circunstancias apropiadas, las llevarían a denunciar su situación.

La última teoría que esgrimiré muestra tintes menos “optimistas” en la lectura e interpretación de los datos. Esta apuntaría a que la violencia, lejos de retroceder, ha ido en aumento por el estrés que supone la incertidumbre y las novedosas circunstancias de vida. Sin embargo, debido al encierro, ellas no ven la manera de solicitar ayuda. Están encerradas en su propia casa junto a sus verdugos.

Para evitar el aislamiento al que se refiere esta tercera hipótesis se han habilitado recursos adaptados a este escenario sin precedentes: el botón SOS de la aplicación AlertCops, los teléfonos de asistencia psicológica vía Whatsapp del Ministerio de Igualdad o la iniciativa “Mascarilla19”; entre otros. No podemos abandonarlas a su suerte.

Como conclusión lanzaré dos mensajes que considero de enorme interés: por un lado, vuelvo a apelar al apoyo externo. Reconozco que peco de reiterativo, pero es algo que asumo con satisfacción. Los miembros del vecindario pasan más horas en casa y eso los sitúa en una posición privilegiada de detección. Mirar hacia otro lado no es una opción; descuelguen el teléfono y marquen el 091, el 062 o el 112. Por ellas.

Por otro lado, no quería marcharme sin puntualizar que, hasta que no llevemos un tiempo prudencial en lo que se ha bautizado como “nueva normalidad”, no podremos contrastar hipótesis y sacar conclusiones al respecto de las estadísticas relativas al periodo de confinamiento. Desconozco si una vez se levante todas las restricciones experimentaremos un incremento inusitado en los casos detectados, porque, todo lo que han “tragado” durante el encierro, que no denunciaron debido al control constante de sus maltratadores, saldrá a la luz con la vuelta a la rutina. Toca esperar, estar atentos por si se nos necesita. Esta lucha está todavía en plena ebullición. No caigamos en la complacencia.

Fuente: Cartel de la campaña de prevención de la violencia de género durante el estado de alarma del Gobierno de Canarias